Un error del juez Peinado obliga a cerrar la instrucción contra un alto cargo del Gobierno de Almeida

Una actuación a destiempo del célebre juez Juan Carlos Peinado ha supuesto el cierre en falso de la instrucción de un caso incómodo para el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la prórroga que el magistrado acordó el 2 de abril en un procedimiento por malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) porque el plazo para hacerlo había expirado más de dos meses antes, el 27 de enero, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se desconoce si el juez va a procesar o archivar a este alto cargo, Alfonso Sánchez Vicente, pero este error de Peinado tiene consecuencias para la averiguación de los hechos porque no se podrán practicar pruebas que habían solicitado las acusaciones populares.

Uno de los partidos personados, Más Madrid, ha adelantado a este periódico que va a quejarse al Consejo General del Poder Judicial, órgano con potestad para sancionar a los jueces, por lo que consideran una “negligencia” de Peinado, titular del juzgado 41 de instrucción en Madrid. Esta decisión llega después de las sospechas que ha levantado en la izquierda la investigación de este juez contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que ha sido corregida en múltiples ocasiones por la Audiencia Provincial. A fuentes del CGPJ no les consta que Peinado haya sido sancionado alguna vez.

El error de Peinado afecta a la prórroga, una medida que deben adoptar los jueces de instrucción periódicamente para alargar sus investigaciones cuando se encargan de casos complejos. La ley estipula un plazo máximo de un año para las instrucciones y a partir de ahí, los magistrados deben solicitar ampliaciones de seis meses.

En este caso, Peinado había extendido una vez la instrucción, con efectos desde el 27 de julio de 2024. Antes de que transcurrieran seis meses, el 10 de enero, la acusación popular había solicitado la prórroga. Sin embargo, el juez no la decidió hasta el 2 de abril.

La investigación se refiere a un contrato de diciembre de 2022 adjudicado a dedo por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) al digital Ok Diario para que organizara por 72.600 euros unas charlas sobre movilidad sostenible. El partido Podemos denunció aquel contrato porque observó un sobreprecio al compararlo con un contrato muy semejante que casualmente se había adjudicado un mes antes a otra empresa por un precio cuatro veces inferior.

Las charlas se celebraron el 27 de diciembre de 2022 en el rascacielos Torre Emperador y tuvieron una duración de tres horas y media (de 9.30 a 13.00). Participaron como ponentes el alcalde, José Luis Martínez Almeida; el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante; el director de Ok Diario, Eduardo Inda; y el propio gerente de la EMT, Sánchez Vicente.

Durante su intervención, Inda dedicó abundantes elogios a Almeida mientras el alcalde, sentado a su lado, sonreía. Aquel acto se celebró cinco meses antes de las elecciones municipales. “Imagínense lo que sería esta ciudad con Rita Maestre de alcaldesa”, dijo Inda, según el vídeo que publicó ese digital en su web. “Yo me encomiendo desde aquí, que estamos muy alto, al altísimo, para que no haya cambio de gobierno en Madrid”, añadió.

También dijo: “Yo deseo que el alcalde sea nuestro primer edil cuatro años más”, “me congratula que al menos en el gran partido de la derecha de este país haya gente de primer nivel” y “comparar al PP con otras formaciones es abrumador, y ya no digamos con Podemos, que basta con ser un poco sucio, no tener carrera, ir al Congreso con camiseta y ya puedes llegar a ser vicepresidente del Gobierno o ministra de Igualdad o de Asuntos Sociales”.

Incorrección “patente”

El error de Peinado fue aprovechado por el Ayuntamiento de Madrid y OK Diario, que recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid. Esta instancia superior dictó el auto contrariando a Peinado el viernes 20 de junio y las partes lo recibieron este miércoles. La resolución supone que todas las diligencias posteriores al 27 de enero son inválidas salvo aquellas (interrogatorios, peritajes, etc) que habían sido aceptadas por el juez antes de esa fecha y que se practiquen con posterioridad.

Más Madrid se queja de que por culpa de Peinado no podrán presentar pruebas que consideran clave para la averiguación de los hechos. En concreto, señalan que habían pedido informes de la unidad de delincuencia de la Policía, la UDEF, de la agencia que analiza las cuentas públicas, la AIReF, y de un órgano asesor estatal, la Junta Consultiva de Contratación Pública.

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, tacha de “negligente e inaceptable” la actuación judicial del magistrado y lamenta que la instrucción incompleta puede suponer un sobreseimiento del director de la EMT. “Es una forma de indefensión ante un ejercicio cortijero y caprichoso de la justicia”, valora.

El auto, de la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, tuvo como magistrado ponente a Ignacio José Fernández Soto, quien destaca que no existe ninguna duda sobre la improcedencia de la prórroga decretada por Peinado. “Resulta patente la incorrección del auto de 2 de abril de 2025, pues acuerda la prórroga cuando a todas luces es evidente que han transcurrido los plazos legales, pues incluso la retrotrae al 27 de enero de 2025″, dice el auto de la Audiencia. Además, el escrito reprocha la “absoluta falta de motivación” del auto del 2 de abril, porque el juez Peinado no aclara “las causas que motivan la no finalización de la fase instructora y las diligencias que están pendientes de acordarse”.

A Peinado le ha rodeado la polémica desde que hace 15 meses inició la instrucción contra la esposa del presidente con base en recortes de prensa, una práctica que ha sido desaconsejada desde hace años por el Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial de Madrid, que responde a los recursos de las partes contra los jueces de instrucción, le ha desautorizado por actuaciones consideradas excesivas. Además, ha sido criticado por errores de bulto en los que ha atribuido a testigos declaraciones que nunca hicieron.

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