Los indígenas colombianos refuerzan su apoyo a Petro tras el cumplimiento de una promesa pendiente desde 1991

El indígena yanakuna Pacha Kanchay está absorto en su celular en la tarde del miércoles. Sentado en un rincón del café de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en el centro de Bogotá, ve con desagrado los videos que llegan desde el Congreso: la consulta popular sobre derechos laborales que promovió el Gobierno de Gustavo Petro se hunde en medio de gritos, reproches, acusaciones. “Martha Peralta [senadora wayúu] no apareció a votar”, se queja. Minutos después, una asistente del congresista indígena Norman Bañol cuenta que el representante ha sido citado a una reunión de urgencia en la Casa de Nariño para analizar los pasos a seguir. Kanchay le responde sin titubear: “Los indígenas estamos listos para salir a las calles”.

La relación entre el movimiento indígena y el Gobierno acaba de reforzarse. El Ejecutivo cumplió el 5 de mayo con una promesa pendiente desde la Constitución de 1991, y que varios gobiernos anteriores evitaron: la puesta en marcha de las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs), una división político-administrativa en las que los diferentes pueblos tendrán facultades y recursos equiparables a los municipios y departamentos. Era algo que el movimiento pedía desde hace años y que hasta ahora había tenido avances limitados, concentrados en el Amazonas. Asimismo, se expidieron decretos que reglamentan los sistemas propios de salud y educación. “Hemos ganado un pulso de 35 años”, resalta Kanchay, y luego matiza que ahora “hay que luchar” para garantizar la implementación del decreto.

Los indígenas han sabido aprovechar la coyuntura. El presidente Petro, al que ayudaron elegir en 2022, los necesita más que nunca. Ya en la recta final de su mandato, ha visto cómo naufragan sus reformas sociales y ha llamado a sus bases a movilizarse para exigir en las calles que el Congreso las apruebe. El proyecto más significativo era una consulta popular que Petro presentó el 1 de mayo para que los colombianos se expresaran sobre una reforma laboral que el Legislativo hundió en marzo. Los indígenas optaron por una estrategia de dos partes: llamar a una minga nacional que apoyara el proyecto del mandatario el día de su radicación ante el Congreso, pero también exigir que el Gobierno cumpliera con decenas de compromisos que ambas partes suscribieron antes de la campaña de 2022.

Paulo Añokazi, secretario técnico de la Mesa Permanente de Concertación (MPC; una instancia que reúne a siete organizaciones indígenas), dejó en claro lo que estaba en juego en una conversación con este periódico a principios de abril: “Después de que firmen nuestros decretos, podemos hablar de cómo respaldamos la consulta y otras reformas″. Ahora, poco más de un mes después, hace un balance positivo de los resultados y señala que fue significativo que miles de indígenas llegaran a Bogotá en los últimos días de abril. “El Gobierno no creía que fueran a ser más de 5.000, pero llegamos a 20.000 o 25.000″, resalta. “Nos tomamos el Ministerio de Agricultura y creo que ahí se dieron cuenta de que estábamos hablando en serio. Entendieron que no veníamos solamente a apoyarlos el 1 de mayo, sino que teníamos una agenda sólida, estructurada″.

Las negociaciones por las entidades territoriales y otra decena de decretos se dieron al calor de la movilización del Día del Trabajador. Añokazi cuenta que el día anterior, el 30 de abril, los líderes indígenas estuvieron todo el día reunidos con funcionarios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y de varios ministerios. Tras la aprobación de los sistemas propios, comenzaron a negociar las entidades territoriales. “Nos fuimos a dormir tranquilos y salimos el 1 de mayo a marchar, con las garantías de que este Gobierno estaba cumpliendo. En esencia, ya teníamos las entidades territoriales, solo nos faltaba presionar un poco más en los días que nos quedaran en Bogotá”, relata. Al día siguiente, el 2 de mayo, lograron en un par de horas las divisiones político-administrativas que no habían conseguido en 34 años.

La demostración de fuerza fue evidente. Añokazi cuenta que el ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó en dos días de “reírse” de la viabilidad de las entidades territoriales a dar su aprobación. “Sí le importó ver a 20.000 personas movilizándose. Y hoy el Gobierno sabe que cuenta con el movimiento indígena”, asegura. Norman Bañol, congresista por la circunscripción especial indígena, matiza que los acuerdos se forjaron a lo largo de tres semanas, pero coincide en que fue clave mostrar la capacidad de movilización. “[Los funcionarios] comprendieron que el movimiento indígena es una de las fuerzas más organizadas del país y que es necesario para mantener la defensa del mandato popular [que eligió a Petro]”, afirma por teléfono.

Tanto Añokazi como Bañol señalan que han quedado atrás las tomas de ministerios para reclamar por la agenda propia y que ahora la energía está puesta en definir cómo apoyar al Gobierno tras el hundimiento de la consulta popular. El congresista enfatiza que es probable que la suerte de la Administración de Petro y el éxito de los reclamos indígenas vayan de la mano: “Si no defendemos el proyecto político y solo nos concentramos en lo indígena, puede que cambie el Gobierno y se vuelva más lejana la implementación de las entidades territoriales”.

Los recursos propios

Paulo Ilich Bacca, etnógrafo jurídico y subdirector del centro de investigación Dejusticia, define el decreto de las entidades territoriales como “un triunfo histórico” del movimiento indígena. Enfatiza que es una figura que estableció la Constitución y que las élites políticas obstaculizaron su puesta en marcha en estas tres décadas. “Los alcaldes o gobernadores ya no podrán retener el dinero de los indígenas con base en si apoyan o no al Gobierno local”, explica. El objetivo es que los recursos, ya existentes, se redistribuyan y vayan directamente a los consejos indígenas.

El movimiento se unió en apoyar estas nuevas opciones de ordenamiento territorial, pero no significa lo mismo para cada pueblo. El congresista Bañol explica que algunos solicitarán constituir una entidad territorial, mientras que otros optarán por quedarse en la situación actual. “Mi municipio [Riosucio, Caldas] tiene cuatro resguardos. La mayoría de los habitantes somos indígenas y el alcalde también lo es, así que en nuestra dinámica sigue funcionando la estructura que ya tenemos”, afirma. Asimismo, señala que no todas las autoridades pedirán las mismas facultades: “En Caldas, por ejemplo, no nos interesa administrar el pago a profesores o la gratuidad en la educación”.

La mayor dificultad ahora es garantizar la implementación. Los precedentes limitan el optimismo: un decreto del Gobierno de Juan Manuel Santos en 2018 reglamentó esta figura para áreas no municipalizadas en departamentos amazónicos (Vaupés, Guainía, Amazonas), pero los procesos aún están en marcha luego de siete años. Para Bacca, el Gobierno debe apurarse para lograr que se consoliden antes del recambio presidencial. “Es un triunfo que puede quedar cojo”, dice. Advierte, además, que será importante prevenir la corrupción: “Uno no sabe cómo puedan operar en comunidades más vulnerables y menos robustas políticamente. Las organizaciones nacionales deben arroparlas para que esto salga de la mejor manera posible”.