El Gobierno de Bukele detiene a Ruth López, directiva de la ONG Cristosal y destacada defensora de los derechos humanos

El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra las voces críticas. Cerca de la medianoche del domingo, la Fiscalía —controlada por el oficialismo— anunció la captura de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la principal organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador. López ha sido una de las juristas más incisivas frente al actual régimen y fue reconocida en 2024 por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Su detención marca un antes y un después en la creciente criminalización de la disidencia en el país.

De acuerdo con la publicación de la Fiscalía General de la República en X, López es acusada del delito de “peculado” y se le señala de haber colaborado “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”. La información proporcionada no especifica el monto ni el momento preciso en que presuntamente ocurrieron los hechos, aunque los atribuye a la época en la que fue “asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral”. El jurista fue magistrado y presidente de ese tribunal y después se desempeñó como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). La propia López fue también, en ese período, asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Por su parte, Cristosal emitió dos comunicados. En el primero, el organismo denunció la captura como un acto de “represión a las voces críticas” y exigió la garantía de su integridad física y el respeto a su debido proceso. La organización ha denunciado sistemáticamente las violaciones al debido proceso en El Salvador en el marco del régimen de excepción. Más tarde, cerca de las 3.00 de la madrugada, la organización informó de que, hasta esa hora, ni la familia ni el equipo legal de López habían logrado obtener información sobre su paradero, por lo que la denunció como víctima de “desaparición forzada de corta duración”.

Activistas y organismos internacionales se pronunciaron sobre la detención. “Seguimos con preocupación la captura de Ruth López, quien ha denunciado con valentía la corrupción y las violaciones de derechos humanos del gobierno de Bukele”, escribió Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Amnistía Internacional también se pronunció a través de su cuenta oficial de X, exigiendo su liberación inmediata.

En 2024, López fue incluida en el listado de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC. Sobre ella, el medio escribió: “Crítica frontal del Gobierno y de las instituciones del país, ha promovido activamente en redes sociales la transparencia política y la rendición de cuentas ciudadana”.

López ha liderado investigaciones clave que expusieron graves irregularidades del Gobierno de Bukele ante la comunidad internacional. Denunció el uso de fondos públicos para espiar con Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos; reveló corrupción en la entrega de contratos durante la pandemia de la covid-19; detectó fraudes en la Chivo Wallet, la billetera oficial de Bitcoin en El Salvador, y documentó opacidad en el presupuesto estatal. También alertó sobre el impacto ambiental del CECOT y las violaciones de derechos humanos ligadas a megaproyectos.

La captura de López ocurrió a las once de la noche del domingo en su vivienda y se enmarca en una embestida del Gobierno de Bukele contra activistas y defensores de derechos humanos. La semana pasada, otro activista, Alejandro Henríquez —miembro del Foro del Agua— fue detenido, acusado de los delitos de desórdenes públicos y resistencia, por haber apoyado una manifestación frente a la casa del mandatario en la que un grupo de campesinos pedía no ser desalojado de sus tierras. En febrero, otro importante activista, Fidel Zavala, quien denunció públicamente y ante instancias judiciales haber sido testigo de torturas dentro de las cárceles de Bukele, también fue capturado y enviado a la misma prisión donde están los verdugos que señaló.

Justo después, el pasado martes, el presidente anunció que enviaría al Congreso una nueva “ley de agentes extranjeros” que busca asfixiar financieramente a las ONG, reteniéndoles el 30% de sus ingresos, una medida similar a la adoptada por su homólogo nicaragüense Daniel Ortega.

Renuncia del comisionado de Derechos Humanos

Minutos después de la detención de López, el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, hizo pública su renuncia a través de su cuenta personal en X. En la publicación, adjuntó una carta con fecha 15 de mayo, dirigida al presidente Bukele, en la que anuncia su dimisión sin explicar los motivos. “Renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario”, escribió.

Guzmán fue nombrado por Bukele en junio de 2023, y se convirtió en el alfil del régimen para defender públicamente las graves violaciones a los derechos humanos ampliamente documentadas por organizaciones como Cristosal. En reiteradas ocasiones, el funcionario negó la existencia de torturas en las prisiones del país, así como casos de desapariciones o muertes por violencia, incluso cuando estos estaban respaldados por testimonios y documentos forenses.

Su papel fue visto por muchos como el de un estratega para blanquear las políticas represivas del Gobierno, especialmente en un contexto de creciente persecución contra periodistas y activistas. Con su salida, el Gobierno de Bukele se queda sin un vocero que niegue a pie juntillas las violaciones a los derechos humanos ante las cámaras.