La reforma de Escrivá subirá la pensión media un 25%

Respecto al futuro de las cuentas públicas solo hay una cosa segura: se va a producir un intenso proceso de envejecimiento que va a llevar a pagar unos 17 millones de pensiones en 2050 frente a las 11 millones de la actualidad. Y eso va a ejercer una presión muy fuerte sobre la sostenibilidad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha publicado este jueves los trabajos técnicos que respaldan sus informes sobre las pensiones y sobre el impacto del envejecimiento en la sostenibilidad. Y se deducen tres ideas relevantes: las reformas del Gobierno entre 2021 y 2023, diseñadas por el entonces ministro José Luis Escrivá, han elevado la generosidad del sistema. Y esto hará que la pensión media suba un 25% en 2050 al haber suprimido las revalorizaciones del 0,25% y el factor de sostenibilidad. Dos: esta reforma de pensiones aumentará el gasto en 2,7 puntos de PIB hasta 2050, lo que, combinado con los incrementos por sanidad, cuidados de larga duración e intereses, contribuirá decisivamente a que el déficit público se coloque en un 7% del PIB en 2050, con el consiguiente aumento sustancial de la deuda. Y tres, habrá que hacer más esfuerzos: el plan fiscal comprometido con Bruselas promete, sin concretar, un ajuste estructural de 1,2 puntos de PIB para poner el endeudamiento en una senda descendente. Pero los números de la Airef a la luz del envejecimiento dicen que hará falta más: otros 2 puntos del PIB que habría que abordar en sucesivos planes. Y por cada incremento del gasto en defensa del 0,5% del PIB habría que ajustar un 0,13% adicional.

En cuanto a la generosidad del sistema de pensiones, la Autoridad Fiscal calcula la tasa de rentabilidad que recibirá el beneficiario con una muestra de las vidas laborales de los trabajadores actuales: un 5,7% anual (la llamada Tasa Interna de Retorno o TIR). Esta es cinco décimas superior a la que se lograba con la anterior reforma del PP. Se trata en todo caso de una rentabilidad muy elevada respecto al 3,3% anual que crecerá la economía incluyendo la inflación y que se supone que es la que puede brindar un sistema de reparto como el español. Esta rentabilidad implica que el pensionista medio se llevará un 60% más de lo que ha cotizado. Otros estudios como el de los actuarios o el del Banco de España daban cifras similares. La tasa de reemplazo, esto es cuánto se queda el pensionista del último salario, se sitúa tras la reforma de Escrivá en el 71,7%, 13 puntos más que con la reforma anterior. Es una de las más altas de la UE con Italia.

El aumento de la pensión media conducirá a un mayor desembolso en pensiones, que por la reforma de Escrivá crecerá en 2,7 puntos de PIB. El gasto en sanidad aumentará en 1,4 puntos de PIB. El de cuidados de larga duración en 0,7 puntos. Y los intereses en 2,3. Si bien en educación se gastaría 0,8 menos. Aunque los ingresos crecerán por la reforma en 1,4 puntos de PIB y habrá otro aumento similar por la progresividad en frío del IRPF, a políticas constantes el déficit público se colocaría en 2050 en el 7% del PIB, unos 100.000 millones con el PIB actual, sin contar el gasto en defensa. Semejante cifra podría conducir a una crisis fiscal con huida de los mercados y falta de financiación. Pero esto no significa que sea inevitable. En los escenarios de la Airef se estima que habría que conseguir un ajuste de 3,16 puntos entre 2025 y 2040 para dejar la deuda en una senda descendente como exigen las reglas fiscales europeas. Los 1,2 puntos a los que se han comprometido en el actual plan fiscal a cuatro años y otros 2 puntos en los siguientes planes.

En el escenario que contempla la Airef hay en torno a un 30% de jubilaciones anticipadas, un porcentaje similar al actual, que ha bajado tras la reforma, en parte por el endurecimiento para que se puedan acoger las pensiones máximas. En cambio, la jubilación demorada más allá de la edad legal ha subido del 5% al 10% de las jubilaciones tras la reforma. La Autoridad Fiscal prevé que de media un 30% la retrase durante tres años sobre la edad legal o hasta los 68 años, lo cual brindaría unos ahorros del 0,8% del PIB. El Gobierno ponía en sus cálculos que la mitad se jubilaría tres años más tarde y eso le reportaba 1,4 puntos del PIB de ahorro.