Interior impone las primeras multas por incumplir el registro de viajeros

El Ministerio de Interior ya ha iniciado los primeros expedientes sancionadores contra hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de coches por incumplimiento de lo que establece el nuevo registro de viajeros, que entró en vigor el pasado 2 de diciembre y que obliga a esas compañías a recopilar hasta 42 datos de las reservas y transmitírselos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Así lo ha confirmado María Paz Abad, directora de Tourism & Law, el bufete de abogados que representa a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) en un encuentro con medios de comunicación para valorar lo sucedido durante los 150 primeros días que han transcurrido desde que la norma entró en vigor. “Se han iniciado los primeros expedientes sancionadores”, se limitó a decir, sin especificar ni los nombres ni los sectores de las compañías afectadas por esos procedimientos.

Una revelación que choca con lo deslizado hasta ahora por el Ministerio del Interior, que había aplazado la imposición de sanciones hasta la publicación definitiva de una orden ministerial, prevista inicialmente para antes del verano y que aclararía las dudas y aportaría seguridad jurídica a las empresas afectadas. En una información publicada por Cinco Días el pasado 31 de marzo, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirmó que no se había impuesto ninguna sanción a las más de 202.000 empresas que se habían dado de alta en la plataforma SES Hospedajes, el mecanismo ideado para compartir los datos (en la actualidad llegan a 210.639).

La ausencia de sanciones, que van desde los 600 euros para las faltas leves hasta los 30.000 euros para las faltas graves, fue justificada desde Interior por el estricto cumplimiento de la norma, mientras que desde la patronal hotelera lo circunscribieron a la inseguridad jurídica que planteaba una norma sin desarrollar (aún está pendiente de la citada orden ministerial) y la posible litigiosidad que podía generar. “Hay muchas empresas que no están aportando información y aun así no se les está sancionando, porque si lo hacen les estás dando argumentos para que puedan acudir a los tribunales. Creo que esa es la razón por la que no están multando”, recalcó en esa fecha Ramón Estalella, secretario general de Cehat.

Hortensio Santos, abogado de Tourism & Law, alertó este mediodía de que la imposición de esas sanciones abre la puerta a la judicialización del proceso. “La falta de concreción legal en algunos puntos críticos y el tratamiento de datos sensibles podrían dar lugar a reclamaciones si no se actúa con rigor, especialmente en el caso de las empresas que sean sancionadas por el Ministerio de Interior”, explicó.

Las dos vías por las que pueden acudir a los tribunales se centran en la imposición de multas por no cumplir con sus obligaciones de recogida y transmisión de datos así como por la conculcación de las normas comunitarias referentes a protección de datos y privacidad. “Contamos con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) sobre el tratamiento de los datos personales en las aerolíneas que es un buen punto de partida”, remarcó Santos.

Se trata de la sentencia C-817/19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), fechada el 21 de junio de 2022, en la que se incide en que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el registro vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad. Esa sentencia solo establece dos excepciones al fallo: que haya una alerta terrorista o que exista una autorización judicial previa.