La jueza de la dana dice que la Generalitat conocía seis horas antes de la alerta el riesgo en el barranco del Poyo

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, asegura que el número dos de Emergencias del Gobierno de Carlos Mazón duranta la riada, el imputado Emilio Argüeso, tuvo “conocimiento claro” del riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia, a las 14.44 horas del 29 de octubre, según un auto notificado este jueves. Argüeso, que fue destituido por el president cuatro semanas después de la gota fría, supo del peligro de la inundación que dejó 228 muertos cinco horas y media antes de que la Generalitat enviara la alerta masiva a móviles, que llegó a las 20.11 horas, cuando se acumulaban fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

La magistrada recuerda que el propio Argüeso entregó un informe pericial al juzgado que recogía que envió el pasado 29 de octubre un mensaje de WhatsApp a las 14.44 horas a un chat de altos cargos de la Generalitat con el texto “los barrancos están a punto de colapsar”. A juicio de la instructora, esto confirma que este exalto cargo advirtió con antelación del “gravísimo riesgo de inundación” en Valencia y, por tanto, el Gobierno valenciano conocía la dimensión de la catástrofe.

La jueza resquebraja así la tesis de la falta de información esgrimida por los mandatarios del Gobierno de Mazón. “No se puede alegar desconocimiento de los responsables de la Generalitat”, indica. Y establece una conexión entre los fallecidos y “quien ocupaba dicha posición”, en alusión al exnúmero dos de Emergencias. Destaca, además, que Argüeso tenía a su alcance información clave sobre la magnitud de las lluvias torrenciales. “Datos, circunstancias, llamadas e informes establan plenamente a su alcance”. Y concluye que esta información “hace difícilmente admisible la tesis de la ignorancia sobre la evolución de la emergencia” aireada por este exalto cargo procedente del vivero de Ciudadanos.

En su declaración como investigado el pasado 11 de abril, Argüeso defendió la falta de comunicación entre organismos de la Generalitat -como la centralita telefónica 112 y el Cecopi, el centro de emergencias autonómico- y exculpó al president Mazon.

El fantasma de la imputación de Mazón

La instructora, de nuevo, abre la puerta a la declaración voluntaria como investigado de Mazón en una resolución en la que indamite una querella que solicitaba la citación como imputado del jefe del Consell. “La declaración como investigado o querellado del president solo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si el aforado lo solicita”, apunta la magistrada.

La jueza Ruiz Tobarra puso esta posibilidad por primera vez sobre la mesa el pasado marzo en el auto de imputación de Argüeso y de quien fuera su jefa durante la dana, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas.

La citación como investigado del jefe del Consell tendría que aprobarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el razonamiento de la instructora.

En otro de los autos notificados este jueves, la jueza anuncia que tomará declaración como testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel Polo. La citación se produce a petición de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias durante la riada. La magistrada subraya que “no concurren indicios de delito” para llamar a Polo como investigado y destaca que el Fiscal ya se opuso a imputar al responsable de la CHJ al desestimar una querella del grupo ultra católico Hazte Oír.

La instructora también tomará declaración como testigos, a solicitud de Argüeso, al subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez; y al inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la dana, José Miguel Basset, ya jubilado, que admitió que se dejó de vigilar el barranco del Poyo el día de la gota fría, el pasado 29 de octubre, porque el “caudal bajó” y había “ganas de comer”.

Entre los dirigentes del Gobierno de Mazón citados a declarar como testigos figura también Inma Piles, jefa del servicio de coordinación de emergencias del 112, la centralita autonómica que el día de la dana recibió casi 20.000 llamadas de auxilio. Y Alberto Javier Martín Moratilla, director general de extinción de incendios del Ejecutivo valenciano. También comparecerán en el jugado como testigos la directora de Prevención de Incendios del Consell, Rosa Touris, y el responsable de la empresa pública autonómica SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión de Emergencias), Raúl Quílez

A petición de Argüeso, la magistrada también escuchará los testimonios de los alcaldes de tres de los municipios de la zona cero de la inundación: Paiporta, Catarroja y Sedaví. Y de una comisaria de aguas del CHJ y de una responsable de la policía autonómica que participó en el Cecopi, el centro autonómico de emergencias que se reunió el día de la dana y desde donde se envió la controvertida alerta a móviles.

Negativa a investigar las filtraciones que pedía la exconsejera de Mazón

La jueza rechaza también la solicitud de la exconsejera de la Generalitat Salomé Pradas de investigar la filtración de un acta notarial con el listado de llamadas que la exdirigente entregó en el juzgado cuando declaró como imputada el pasado 11 de abril. Pradas llegó a pedir que los documentos llevaran una marca de agua para rastrear eventuales filtraciones a medios. La jueza apela al secreto profesional que asiste a los periodistas y a jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la protección de fuentes para justificar su decisión.

La magistrada ha aceptado la personación como acusaciones populares en la causa del sindicato Intersindical Valenciana y Compromís tras depositar una fianza de 6.000 euros. Las pesquisas indagan la posible comisión de los delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de cárcel respectivamente.