Madrid recurre ante la Audiencia Nacional el acuerdo para condonar 83.000 millones de deuda a las comunidades

La Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que decidió en febrero condonar 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas, de los cuales 8.644 serían de la propia región madrileña. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que fija la clave del conflicto en que la decisión sea fruto de un acuerdo entre el PSOE y ERC que se considera especialmente beneficioso para Cataluña. De esta manera, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hace realidad lo que avanzó en febrero, cuando también explicitó, a través de la consejera de Hacienda, Rocío Albert, que rechazaría su parte de la quita.

“[El acuerdo] es un peaje intolerable a los partidos independentistas sin contar con las comunidades autónomas”, ha dicho el portavoz del ejecutivo regional tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y pese a que la decisión se adoptó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las regiones.

Según el número dos de Ayuso, la decisión es contraria al principio de igualdad porque “discrimina entre regiones y favorece a aquellas más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal y perjudicando a la Comunidad de Madrid”. Y ha añadido: “Por lo tanto, supondrá que cada madrileño tenga que asumir 500 euros más de deuda por la irresponsabilidad del Gobierno central”. Ese cálculo fue desmentido en febrero por el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de España, Óscar López: “Con esos 8.644 millones, estaríamos ahorrando a cada madrileño 1.234 euros.

En noviembre de 2023, el PSOE y ERC —que entonces ostentaba la presidencia de la Generalitat— pactaron la quita de deuda del FLA, es decir, el pasivo autonómico en manos del Estado, en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. La fórmula, sin embargo, siempre ha sido extensible también al resto de comunidades autónomas de régimen común —que no incluye a Navarra y País Vasco—, e incluso a aquellas que solo tienen deudas con los mercados y la cuenta a cero con el FLA. Si bien Cataluña es la que tiene la mayor obligación derivada de ese fondo (unos 77.000 millones de euros), la Comunitat Valenciana o Murcia tienen la mayor ratio sobre el PIB.

Madrid, que no tiene deuda ninguna con el FLA, pues ha preferido acudir a los mercados, siempre se ha opuesto a este proyecto. A él se ha referido Ayuso con la máxima dureza. “Pienso que no se puede tener más caradura y no se puede ser más arbitrario, que impone a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala inasumible y inaceptable en lugar de que quienes han provocado la deuda en Cataluña empiecen por tomar medidas y ser ellos los responsables”, llegó a decir en febrero.

De hecho, la consejera Albert llegó a decir ese mes que Madrid no aceptará la parte de la quita que le corresponde si esta finalmente sale adelante en el Congreso: “Nosotros vamos a decir que no, que las deudas se pagan, que nosotros podemos pagar nuestras deudas, que son reducidas, y que no tenemos problemas”. Tres meses después, Madrid lleva su rechazo a la justicia y da el paso de acudir a la Audiencia Nacional.