Condenado un hombre en Badajoz por coaccionar y discriminar a una familia gitana de su comunidad de vecinos

El juzgado de lo Penal nº1 de Badajoz ha comunicado este martes la condena a un hombre por intimidar a una familia gitana con dos hijos menores de edad en su propia comunidad de vecinos. La familia denunció al acusado en 2020, después de mudarse, con el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano ante la fiscalía especializada en Delitos de Odio y Discriminación, tras encontrar una pintada en su coche que decía: “Gitano, paga o vete”. La sentencia señala que se han cometido dos delitos de coacción por comportamientos “molestos, humillantes y en conjunto denigratorios” con el “agravante de discriminación por razón de etnia”.

Los acosos comenzaron en 2014, el día que la familia llegó a la comunidad de vecinos. “Estábamos en casa, llamó a la puerta y sin presentarse ni nada nos pidió que le enseñemos el contrato de alquiler”, cuenta Z.M., madre de la familia, que prefiere aparecer solo con sus iniciales. “Decía que quería verlo para comprobar que estuviéramos legalmente”. Con el paso de los días, el hombre llamó en dos ocasiones a la policía para denunciar al matrimonio “alegando que hacían mucho ruido, lo que no fue más que una excusa para molestarles”, según recoge la sentencia. “La policía se quedó un ratito en la puerta y ellos mismos se percataron de que no había ruido”, cuenta la madre al teléfono.

En este sentido, el argumento presentado por el juzgado es claro. Carece de sentido que el acusado tuviera relaciones “de vecindad normales con todos los vecinos”, pero no con los miembros de la familia gitana. Lo que demuestra que su comportamiento no tenía “otro fundamento que la pertenencia a la etnia gitana”.

Según el hombre, la familia tenía una “deuda con la comunidad”. En repetidas ocasiones, cuando la madre salía a la calle con sus hijos, le gritaba a la mujer reclamándole que los educara mejor. En otras ocasiones, les prohibió hacer uso del ascensor, argumentando que no eran dignos de hacerlo porque debían pagar. El condenado admitió haber dicho a la familia la frase: “Ya que no podéis pagar, limpiad”. Sin embargo, las deudas a las que aludía pertenecían a la comunidad “desde que se constituyó”, según declaró en el juzgado el presidente de la Comunidad durante los años 2016 y 2018.

Durante el año de la pandemia, las intimidaciones se volvieron más violentas. Un día, el coche familiar apareció con una pintada que decía “Gitano, paga o vete”. Desde aquel episodio, la madre no se atrevía a salir sola con sus hijos de la vivienda. “Cuando pasó lo del coche ya no podíamos seguir así, me entraba miedo”, cuenta. “Nos tocaban el timbre y no aparecía nadie”. Entonces, tomaron la decisión de mudarse y denunciarlo junto a la Fundación Secretariado Gitano ante la fiscalía.

Para Vanessa Rosa Rosendo, abogada y técnica del programa Igualdad de Trato de la Fundación Secretariado Gitano, la sentencia “marca un hito para el pueblo gitano”. Para Z.M. también lo es: “Nosotros somos personas normales y corrientes, haber ganado este juicio me hace sentir más segura de que no he hecho nada malo, ser gitana no es nada malo”.

La abogada, que junto a otra compañera acompañó a la familia en el proceso, sostiene que reconocer el antigitanismo dentro de un tribunal es una victoria importante, ya que “muchas familias se encuentran en esta situación y hay una enorme dificultad para que estos casos lleguen a la justicia”. Y señala: “Muchas familias tienen interiorizado como algo normal sufrir discriminación”. Además, hace énfasis en el papel que ha desempeñado el ministerio fiscal, dado que fueron ellos quienes llevaron adelante la acusación.

La sentencia dictada reconoce “el hostigamiento al que ha estado sometida esta familia por una motivación antigitana”, ha declarado Sara Giménez, directora general de la fundación. La situación vivida por la familia residente en Badajoz, expresan desde la fundación, no es aislada y afecta a muchas familias en comunidades vecinales de España. Prueba de ello son los múltiples casos recopilados en el Informe de Discriminación y Comunidad Gitana 2024, realizado por la organización.

Por acosos como estos, la decisión del juzgado “manda un mensaje claro a la sociedad de que los delitos de odio no pueden quedar impunes, siendo fundamental la respuesta de los tribunales”, ha señalado Giménez. La sentencia llegó el mismo día que la Comisión de Igualdad dio el visto bueno al nombramiento de la fiscal María Teresa Verdugo como la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación en el Congreso. Un nombramiento que la abogada Rosa Rosendo califica como un “un avance”.