La deportación de tres niños estadounidenses a Honduras aumenta las dudas sobre la legalidad de las expulsiones de Trump

La deportación de tres niños estadounidenses a Honduras ha puesto más en evidencia la ya cuestionable constitucionalidad de las expulsiones que la Administración Trump está llevando a cabo en su campaña de deportaciones masivas. La oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Nueva Orleans deportó el viernes pasado a dos familias, incluyendo a dos madres (una de ellas embarazada) y sus hijos menores, tres de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Los abogados denuncian que los niños fueron deportados sin el consentimiento de las madres, que preferían que se quedaran en Estados Unidos, mientras que el Gobierno lo niega.

El juez federal Terry A. Doughty, de Luisiana, que sigue uno de los dos casos, ha programado una audiencia para el 16 de mayo porque tiene una “fuerte sospecha de que el Gobierno acaba de deportar a un ciudadano estadounidense sin ningún proceso debido”. El magistrado, que decidirá si la expulsión fue “ilegal e inconstitucional”, se pronunció sobre el caso de la niña de dos años, que fue detenida junto a su madre, Jenny Carolina López Villela, el 22 de abril cuando acudía a una de las citas rutinarias con ICE. La madre tenía una orden de deportación pendiente y había estado asistiendo a los controles de inmigración durante años. Además de la menor, fue detenida y deportada su otra hija de 11 años.

El padre de la niña había solicitado el jueves una petición de urgencia para impedir que la menor fuera enviada al extranjero. Los abogados denuncian que, tras ser detenida, se mantuvo a la madre incomunicada y sin acceso a un abogado. Se le concedió menos de un minuto de conversación telefónica antes de que la llamada se interrumpiera abruptamente cuando su esposo intentó proporcionarle el número de teléfono de un asesor legal. La petición de hábeas corpus y de una orden de restricción temporal nunca fue resuelta porque la madre y las dos niñas fueron deportadas a primera hora de la mañana del viernes.

“Lo que vimos del ICE en los últimos días es horroroso y desconcertante. Familias que han sido separadas innecesariamente. Estas madres no tuvieron la oportunidad de hablar con sus compañeros de crianza para tomar las decisiones que los padres tienen derecho a tomar por sus hijos, las decisiones que millones de padres toman a diario: ‘¿Qué es lo mejor para nuestro hijo?‘. Deberíamos estar profundamente preocupados por que el ICE haya recibido autorización tácita para detener y deportar a menores ciudadanos estadounidenses a pesar de la disponibilidad y disposición de los cuidadores en Estados Unidos, quienes, solo por las propias acciones del ICE, no pueden encontrarlos ni contactarlos”, ha declarado en un comunicado Gracie Willis, coordinadora de National Immigration Project, que ayuda en la defensa.

Dos días después de la detención de López Villela, los agentes de ICE detuvieron a otra mujer y sus dos hijos de cuatro y siete años, ambos ciudadanos estadounidenses, a quienes también deportaron a Honduras el viernes pasado. Willis señaló que el niño menor padece una rara forma de cáncer metastásico y fue expulsado sin medicación ni posibilidad de consultar a los médicos que lo tratan. “La crueldad y la denegación deliberada del acceso legal y médico no solo son ilegales, sino inhumanas”, dijo.

La deportación de ciudadanos estadounidenses es ilegal, pero el Gobierno ha justificado que se hizo con el consentimiento de los padres. El zar de la frontera, Tom Homan, ha advertido: “Si decides poner a tu familia en esa situación, es tu culpa. Tener un hijo ciudadano de Estados Unidos después de entrar ilegalmente en este país no es una tarjeta para salir de la cárcel”.

La deportación de los menores ha causado indignación en círculos sociales y políticos. El Caucus Hispano del Congreso lanzó un comunicado en el que declaró que “la Administración Trump está agravando sus ataques crueles contra familias inmigrantes, poniendo a madres inmigrantes en situaciones imposibles para el bienestar de sus hijos. Es una continuación de la política de separaciones familiares que perpetuó Trump en 2018, y de su afición por explotar el sufrimiento de familias y niños para su propio beneficio político”.

Separada de su hija lactante

Otro caso reciente de separación familiar ha enfrentado a la Administración con los defensores de los derechos civiles. Una mujer cubana indocumentada fue deportada a Cuba y separada de su hija estadounidense, de un año y aún lactante. “Me dijeron que llamara a mi esposo, que nuestra hija tenía que quedarse y que yo me iría”, declaró a Reuters Heidy Sánchez en una entrevista en casa de un familiar cerca de La Habana. “Mi hija se puso nerviosa y nerviosa, y empezó a pedir leche, pero no les importó”, añadió.

Fuentes del Gobierno aseguran que la madre pidió que su hija se quedara en suelo estadounidense, pero Sánchez, que fue detenida durante un registro de rutina en una oficina de ICE en Tampa el jueves pasado, dijo que no le dieron otra opción que dejar atrás a su hija. Sánchez, de 44 años, había estado bajo órdenes de deportación desde 2019, pero se le permitió vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos siempre que se registrara regularmente con ICE.

En Estados Unidos hay unos 4,71 millones de niños (el 6,7% de todos los niños ciudadanos) que tienen al menos un padre o madre indocumentado en el hogar. Para 2,66 millones, todos los padres del hogar son indocumentados, ya sea porque hay dos padres indocumentados o porque se trata de un hogar monoparental y ese padre o madre es indocumentado.