Trump insiste en defender el fin de la nacionalidad por nacimiento a pocas horas de la audiencia del Supremo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebra este jueves una audiencia para tratar la que probablemente es la mayor polémica desatada por las órdenes ejecutivas de Donald Trump: el derecho a la nacionalidad por nacimiento. En su primer día como presidente, el magnate ordenó que se eliminara el derecho a la nacionalidad a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres fueran migrantes indocumentados, una garantía que recoge la Constitución desde 1868. El Alto Tribunal no se tiene que pronunciar directamente sobre si el decreto de Trump es o no constitucional, pero decidirá si los tres fallos judiciales que consideraron la orden ejecutiva ilegal se pueden aplicar a todo el territorio nacional.

Pocas horas antes de esta audiencia, Trump ha vuelto a defender la medida en su red social, Truth. “La ciudadanía por derecho de nacimiento no fue concebida para que las personas que toman vacaciones se conviertan en ciudadanos permanentes de los Estados Unidos de América, y traigan a sus familias con ellos”, comenzaba su extenso mensaje. La ley se aprobó, según el republicano, para los hijos de los esclavos tras la guerra civil que concluyó en 1895. “No tenía nada que ver con la inmigración ilegal de personas que querían estafar a nuestro país, de todas partes del mundo, lo que han hecho durante muchos años”.

La Administración de Trump solicitó al Supremo que abordara la cuestión con carácter de urgencia después de que los jueces federales de Maryland, Massachusetts y Washington bloquearan la aplicación de la orden y fallaran que el presidente no puede cambiar o limitar la Constitución con un decreto.

El Gobierno pide a los jueces que limiten la aplicación de los fallos judiciales a las partes que presentaron la demanda, argumentando que los tribunales inferiores no pueden dictar fallos que frenen una orden presidencial nacional. La Administración afirma que los jueces federales solo pueden dar una sentencia sobre los derechos de los litigantes en el caso que analizan. Aseguran que este recurso ha sido usado por las cortes en “proporciones epidémicas” desde el inicio de su segundo gobierno, lo que ha impedido al poder ejecutivo “ejercer sus funciones constitucionales”.

Los demandantes argumentan que no hay razón para que la Corte Suprema se pronuncie sobre si las órdenes judiciales universales son apropiadas siempre. Lo relevante, dicen, es definir que esos fallos son apropiados en este caso.

No está claro cuándo el Alto Tribunal tomará una decisión, aunque es probable que lo haga antes del receso de verano, que suele empezar a finales de junio.

Aunque no sea el motivo de la audiencia, la decisión del tribunal determinará si la Constitución concede o no la ciudadanía a todos los nacidos en territorio estadounidense. Si el Supremo da la razón a Trump, las restricciones a la ciudadanía por nacimiento podrían entrar en vigor en al menos 27 Estados.

Las partes difieren en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, que especifica que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Esa garantía, que se estableció en 1868, solo ha excluido tradicionalmente a los hijos de los diplomáticos extranjeros y a los hijos de enemigos foráneos durante una ocupación hostil.

Trump defiende, sin embargo, que la expresión “sujetas a su jurisdicción” deja fuera a los hijos de migrantes indocumentados. El presidente argumenta que los hijos nacidos en Estados Unidos de personas no ciudadanas deben lealtad a otro país.

El primer juez que se pronunció fue el magistrado John Coughenour, de Maryland, que calificó la orden ejecutiva de “descaradamente inconstitucional”.

Oposición masiva

El magnate cumplió con su promesa electoral y el mismo día de la inauguración de su segundo mandato firmó la orden ejecutiva que retiraba el derecho a la ciudadanía a los niños cuyos padres no tengan estatus legal permanente. Trump y sus partidarios sostienen que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense, lo que él llamó “un regalo invaluable y profundo” en la orden ejecutiva.

Las reacciones no tardaron en producirse. Bastaron unos minutos para que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentara la primera demanda. Varios Estados, organizaciones civiles y mujeres embarazadas han impugnado la orden en 10 demandas diferentes. A pesar de que Trump había declarado en numerosas ocasiones que lo haría, expertos juristas ponían en duda que el presidente se atreviera a desafiar ese derecho contemplado en la Constitución por más de 150 años. En 1868, 28 de los entonces 37 estados de EE UU ratificaron la Decimocuarta Enmienda para que no se negara la ciudadanía a los exesclavos liberados, de ascendencia africana, ni a sus hijos.

La Corte Suprema ya rechazó el argumento defendido hoy por Trump hace más de un siglo, en el caso Wong Kim Ark de 1898. Las autoridades impedían la entrada al país del demandante, nacido en Estados Unidos, pero de padres chinos, que habían regresado a su país con su hijo. De ahí que, cuando Wong quiso regresar, le aplicaron una legislación que prohibía la entrada a ciudadanos del país asiático. El Supremo dictaminó, sin embargo, que era ciudadano estadounidense, ya que había nacido en su territorio.

Si la orden ejecutiva del presidente entrara en vigor, cientos de miles de bebés vivirían ilegalmente en el país, pudiendo ser objeto de las masivas deportaciones de la cruzada antiinmigración del magnate. Además, se convertirían en apátridas, pues los que huyeron de países sin lazos diplomáticos como Venezuela ni siquiera tienen un consulado en el que registrarse.

Un reciente estudio del think tank Migration Policy Institute muestra que poner fin a la ciudadanía por nacimiento aumentaría la población indocumentada en 2,7 millones para 2045 y en 5,4 millones para 2075. Cada año, unos 255.000 niños nacidos en suelo estadounidense comenzarían su vida sin la ciudadanía por el estatus legal de sus padres, muestra la investigación.

“Esta creación de una clase de residentes nacidos en Estados Unidos privados de los derechos que la ciudadanía otorga a sus vecinos, compañeros de clase y colegas de trabajo podría sembrar las semillas de una disrupción significativa en la movilidad económica y la cohesión social en los próximos años y décadas”, escriben los autores del análisis.