Ayuso convierte a Madrid en la región que más litiga contra el Ejecutivo central

El choque es total, tiene en la justicia uno de sus principales escenarios y en el Tribunal Constitucional su trinchera predilecta. La estrategia de confrontación emprendida por la Comunidad de Madrid contra el Gobierno central desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019, ha convertido al Ejecutivo madrileño en el que más recursos pendientes de sentencia tiene ahora mismo contra el Estado en el alto tribunal. Son cinco. Ninguna otra región supera los dos, según una estadística del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Estos datos fotografían que la táctica de Ayuso es distinta a la de otros barones del PP. Y que son la punta del iceberg: de la Audiencia Nacional al Supremo, la Comunidad ha registrado una veintena de recursos contra el Estado desde 2019, y en lo que va de 2025 ha anunciado al menos cinco, uno al mes.

Lunes 12 de mayo. Ayuso intenta marcar la agenda política de la semana con un desayuno informativo en el que deja claro de nuevo que todos los puentes que podrían unirla a ella y a Sánchez llevan tiempo derruidos y no son reconstruibles. Allí, rodeada de cámaras, anuncia que llevará a los tribunales el nuevo real decreto de acreditación de universidades del Gobierno central “por ir contra la Constitución”. Nadie se remueve en sus asientos ni sale corriendo a dar la noticia. Cuando algo se repite, casi deja de serlo.

Es el caso: solo en lo que va de año, Madrid ha anunciado recursos a la justicia para evitar que el Gobierno central recuerde con una placa las torturas franquistas en la sede de la Presidencia autonómica (anunciado en enero); contra el reparto de los menores migrantes no acompañados pactado por el Gobierno con Junts (marzo); por la Ley de Eficiencia de la Justicia (abril); frente al acuerdo para condonar 83.000 millones de deuda a las comunidades (mayo); o contra el decreto de acreditación de universidades.

“A pesar de las zancadillas del Gobierno central, la Comunidad de Madrid es la región capital, que siempre está al servicio de los madrileños y del conjunto de los españoles”, ha justificado en alguno de estos casos el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín. “A Pedro Sánchez ya no le quedan más líneas rojas que traspasar”, ha añadido para argumentar que Madrid viene a defender el interés general y la legalidad.

En eso, sin embargo, la Comunidad parece ser una excepción, puesto que el gobierno de PSOE y Sumar presume de haber reducido la litigiosidad con las autonomías. Frente a los 238 recursos de inconstitucionalidad que se plantearon desde 2011 a 2018 con los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, desde 2018 solo se han planteado 88 recursos de inconstitucionalidad, explican en La Moncloa.

Sin embargo, solo en el Constitucional el Gobierno de Ayuso tiene vivos tres recursos por inconstitucionalidad (contra la ley de vivienda; la de amnistía; o el reparto de menores no acompañados) y dos por invasión de competencias (en la formación de familias de acogida y por la intención de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática). Por contra, el Estado tiene únicamente dos recursos vivos contra decisiones de Madrid, según datos gubernamentales. Y presume de haber alcanzado acuerdos con Madrid para evitar llegar al Constitucional en distintas ocasiones.

“Los madrileños están hartos de la estrategia impostada de Ayuso para tapar la nefasta gestión de su gobierno y los escándalos constantes que conocemos de su entorno, como con su novio, confrontando con el Gobierno”, lamenta Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid. “Es el gobierno del resentimiento”, etiqueta. “Aspira a confrontar comprometiendo los derechos de los demás, queriéndonos llevar siempre al pasado”, añade.

Una línea argumental que comparten en el PSOE de Sánchez. “Ayuso busca la noticia en confrontar con el Gobierno de España en cualquier tipo de ley o acuerdo: pasa con vivienda, con memoria democrática, con el acuerdo para la condonación de la deuda, el decreto de universidades…“, critica una fuente de la dirección regional de Óscar López, también ministro del Gobierno de España.

“Esto se traslada también a la ruptura de relaciones con la delegación, a no invitar al Gobierno al Dos de Mayo, a no asistir a Moncloa cuando la llama el presidente...”, recuerda. Y remata: “Desde el grupo socialista no solamente vemos el tinte ideológico y partidista desde el que realiza su papel institucional, sino también el interés que tiene en desviar la atención de la corrupción que le rodea, de la pésima gestión de servicios públicos como la sanidad, o de la financiación de las universidades públicas”.

Pulso constante

Lo que es seguro es que los conflictos judiciales entre Madrid y el Estado han abarcado todo tipo de temas. Así, desde que Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019, la Comunidad ha recurrido una veintena de decisiones estatales en los tribunales. Aunque la justicia ha dado la razón a Madrid en cuestiones como el IVA de diciembre de 2017, lo que procuró 300 millones extra a las arcas regionales, también ha rechazado sus pretensiones con respecto a asuntos clave, como el currículo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, que avaló el Constitucional.

Madrid también ha llevado al Gobierno central a los tribunales por la gestión de la pandemia: ahí pidió explicaciones más claras de los criterios que habían impedido que pasara de fase en la desescalada(finalmente desistió); e intentó revertir dos cierres perimetrales diseñados para impedir la expansión del coronavirus en sendos puentes festivos; o las restricciones impuestas al trabajo en la hostelería.

El desencuentro permanente también ha afectado a la política económica. Además del provocado por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, los ha habido por las entregas a cuenta de 2019; contra un decreto del Ejecutivo central que distribuyó nueve millones de euros de los fondos europeos entre el País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana; contra una resolución que fijaba las instrucciones generales para el reparto de las subvenciones covid; o contra el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización.

En el terreno educativo, además del recurso anunciado el lunes, Madrid ha recurrido contra la rebaja de los precios públicos universitarios decididos por el Estado. Un pulso judicial constante que no tiene parangón con otra administración regional.