Los apuros del director policial de Madrid: la respuesta irregular a un atropello se suma a la sombra de unos posibles enchufes

Los protagonistas son una niña que cruzaba la calle para comprar unas velas y el máximo jefe de la policía municipal de Madrid, que viajaba en el coche que la arrolló. El atropello podía haber quedado en una anécdota más del gran apagón, ese lunes extraordinario de hace una semana, pero la respuesta al incidente está plagada de indicios de abuso de poder y ha llevado a la oposición de izquierdas a exigir explicaciones al alcalde José Luis Martínez-Almeida. Más Madrid ha pedido su cese.

Cuando se cumple una semana del incidente, ni Rodríguez ni nadie del Ayuntamiento ha contactado con la familia de la niña de 10 años, Aitana. La menor vive con su madre de origen ecuatoriano en un piso humilde del barrio de Puerta del Ángel, no muy lejos de la Casa de Campo, donde está la oficina de este jefe policial, Pablo Enrique Rodríguez, un veterano que entró en el cuerpo en 1986 y que ha ocupado el máximo cargo desde el 27 de junio de 2019, dos semanas después de que José Luis Martínez Almeida recibiera en sus manos la vara de mando.

Este es un embrollo más para el director Rodríguez, que se suma a otro problema que le persigue desde hace tres años, un caso de posibles enchufes en una oposiciones para acceder a altos mandos en el cuerpo. De hecho, el atropello se produjo solo tres semanas y media después de que Rodríguez declarara ante el juez como investigado por ese presunto tráfico de influencias. Una de las beneficiadas en aquella oposición fue su actual pareja, Ana Padilla, que gracias a aquellas pruebas ascendió a comisaria.

El caso comenzó con una denuncia anónima de un grupo de mandos y policías municipales ante la Fiscalía Anticorrupción, el 17 de junio de 2022, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En ella, señalaban a una serie de mandos policiales como integrantes de una trama para filtrar las preguntas de los exámenes a sus allegados. Las sospechas dentro del cuerpo saltaron cuando fue publicada la primera lista de 13 aprobados, donde figuraban numerosos vínculos entre ellos y los miembros de los dos tribunales involucrados. El centro neurálgico de esa red, afirma la denuncia, son las academias Cronos, vinculadas al comisario Miguel Carmona, de quien se dice que además de subordinado, es “íntimo amigo” del director general.

El juzgado 31 de instrucción de Madrid ha archivado el caso en dos ocasiones y la Audiencia Provincial le ha ordenado otras dos veces que lo reabriera, reprochando que no se había investigado lo suficiente. Inicialmente, Rodríguez había declarado ante la unidad de asuntos internos de la Policía que no tenía una relación sentimental con Padilla y solo se conocían por sus vínculos en la dirección general, donde ella estaba adscrita. El 3 de abril, Rodríguez le dijo al juez que su relación era solo “física”, según fuentes conocedoras de su declaración.

En su declaración ante asuntos internos, Rodríguez sostuvo que es inocente y que no influyó en la selección de las preguntas de aquella oposición, ni dio directriz alguna al tribunal opositor.

Sus críticos en el Cuerpo consideran que Rodríguez lleva demasiado tiempo en la cuerda floja. Por eso, se sorprenden de que no haya caído y que ya esté cerca de cumplir seis años en el cargo. La oposición de Más Madrid sospecha que esto se explica por unos servicios prestados inconfesables para salvar la cara del alcalde.

Por ejemplo, les llama la atención el rol que tuvo durante la investigación del caso Mascarillas (la compra de material sanitario fallido a un precio desorbitado a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina). Cuando la Fiscalía inició sus pesquisas, y no descartaba malversación por parte de funcionarios municipales, Rodríguez supervisó la extracción de datos del móvil de Elena Collado, la jefa de compras que estuvo en contacto con Luceño y Medina, según informó elDiario.es.

También se preguntan por qué no se envió a la delegación del Gobierno, encargada de autorizar manifestaciones, un informe de la policía municipal que alertaba del carácter neonazi de una marcha que desfiló en 2021 por Chueca, el epicentro de la comunidad LGTBI.

Rodríguez había ocupado puestos políticos en el Ayuntamiento antes de su nombramiento por el equipo de Almeida en 2019. Durante la etapa de la alcaldesa Ana Botella, fue director general de Emergencias (2014-16), pero después de llegar la izquierda de Manuela Carmena al Ayuntamiento, Rodríguez fue nombrado para un cargo con menor perfil, también relacionado con la coordinación de emergencias.

A juicio de Más Madrid, el alcalde Almeida y la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, están protegiendo a Rodríguez. “Es verdaderamente insólito que un tipo que parece sacado de una película de Torrente siga en un puesto de tanta responsabilidad, a pesar del daño que hace al buen nombre del cuerpo y sus profesionales”, ha declarado a este diario la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

No son los únicos que piden el cese. También lo solicitan dos organizaciones policiales que se han personado en la causa por las supuestas oposiciones amañadas, la asociación APMU y el sindicato UPM. “No entendemos cómo Inmaculada Sanz mantiene en el cargo al director Pablo Enrique el cual presuntamente tuvo relaciones ‘físicas’ con una policía, persona de confianza en su dirección, la cual ascendió a un alto cargo de la Policía Municipal”, dice el presidente de APMU, Carlos Bahón.

La polémica estalló el jueves, justo al inicio de unos días de pausa por las festividades del trabajo y de la Comunidad de Madrid. Un portavoz municipal ha defendido la gestión del accidente, negando irregularidades. Sin embargo, lo cierto es que el parte policial no había sido subido al sistema informático dos días después, contraviniendo la norma interna que impone un plazo de 24 horas. Además, el parte de intervención del Samur contiene numerosos errores (indica que fue una moto la que arrolló a la menor y da una dirección equivocada: el 16 del Paseo de Extremadura, en lugar del 28).

Por si eso fuera poco, se debería haber hecho una investigación por parte de un equipo especial de accidentes, que solo intervino cuatro días después, tras una información de EL PAÍS. Los testigos señalan que la patrulla interviniente no hizo al conductor el obligatorio control de alcoholemia y el Ayuntamiento no ha querido aclarar esta duda. Rodríguez no ha respondido a los intentos de EL PAÍS para conocer su versión.

UPM pide transparencia y rapidez para aclarar lo sucedido. Su secretario general, Julián García, lamenta el daño reputacional: “No podemos dar esta imagen siendo los máximos responsables de los atestados de trafico en Madrid”.

¿Tiene algo que contar? Escriba al autor a [email protected]