Responsabilidades en Asturias

La consejera de Industria del Principado de Asturias, la socialista Berlamina Díaz, anunció el martes su dimisión dos semanas después de la mayor tragedia de la minería asturiana en 30 años: la muerte de cinco trabajadores el 31 de marzo por una explosión de grisú en un pozo del pequeño pueblo de Degaña. Díaz, quien cuatro días antes había asegurado que no dejaría el cargo, se hallaba en una situación política insostenible ante la sucesión de indicios —incluso “evidencias”, según ella misma reconoció en la Asamblea regional— que apuntan a que la empresa Blue Solving extraía ilegalmente carbón de esa mina, vulnerando así los permisos de los que disponía e incumpliendo la normativa de seguridad. Nueve inspecciones realizadas desde 2022, mientras Díaz era directora general de minería del Principado, no detectaron ninguna irregularidad en el piso de la mina donde se produjo la explosión letal. La presión política —incluso IU, aliado del PSOE en el Gobierno regional, había criticado a la consejera— se suma a la social, en una región que tiene las minas en su ADN y que sigue perpleja, como toda España, por el hecho de que haya podido ocurrir un accidente de este tipo bien entrado el siglo XXI.

La asunción ante los ciudadanos de responsabilidad política es un primer paso necesario que no agota medidas de otro orden, que siguen siendo indispensables, especialmente las judiciales, hasta aclarar todos los extremos de la tragedia. A la investigación del juzgado de Cangas del Narcea, la más importante, se suman otras dos (una de seguridad y otra administrativa). Sobre la mesa está la posibilidad de que se abra una cuarta investigación, en el Parlamento autónomo, exigida por la oposición y pendiente del voto de una diputada del Grupo Mixto expulsada de Podemos. Nada que objetar a cualquier esfuerzo por la transparencia, pero resultará baldío y contraproducente si termina convertida, como tantas comisiones parlamentarias, en un puro rifirrafe de acusaciones cruzadas.

Responsabilidad viene de responder. La reacción del Ejecutivo asturiano contrasta vivamente con la actitud del PP en la Generalitat Valenciana ante una catástrofe incomparablemente mayor como la dana. Causan estupor los argumentos con que los populares arremeten contra el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, mientras dan por bueno el secretismo de Carlos Mazón ante las evidencias de su ausencia en los momentos críticos de la riada.

No existe trabajo digno sin seguridad y no existe seguridad sin confianza. El drama de la mina de Zarréu demanda más y mejores inspecciones, en particular en los ámbitos laborales más peligrosos. También pone frente al espejo a quienes buscan el beneficio económico por encima de los riesgos de los trabajadores o el rédito político por encima de la verdad y la justicia que merecen las víctimas. Ni las familias ni la sociedad asturiana se darán por satisfechas hasta que tengan todas las respuestas.